La independencia judicial no se pierde únicamente cuando alguien intenta presionar a un juez. También se debilita cuando convertimos rumores en verdades y permitimos que las diferencias políticas determinen cuánto respeto merece una institución.
En Puerto Rico hablamos constantemente de defender la democracia, pero pocas veces reflexionamos sobre la importancia de proteger las instituciones que la sostienen. Una de ellas es el Poder Judicial, cuya función no consiste en complacer al gobierno ni a la opinión pública, sino en impartir justicia conforme al Derecho.
Los tribunales deben resolver las controversias sin responder a intereses particulares, presiones externas ni exigencias de popularidad. Esa independencia no constituye un privilegio de los jueces: es una garantía para cada ciudadano que necesite acudir ante ellos.
Quienes ejercemos la abogacía tenemos una responsabilidad particular. Nuestra obligación no termina al salir de una sala judicial o concluir la representación de un cliente. Conocemos el valor de las garantías procesales y las consecuencias de debilitar la credibilidad institucional. Por eso, debemos expresarnos con prudencia y defender con firmeza la integridad del sistema judicial.
Existe una diferencia fundamental entre fiscalizar responsablemente y desacreditar sin fundamentos. Una imputación contra la integridad de un juez o tribunal no debe tratarse como cualquier controversia política. Sus consecuencias pueden afectar la confianza de quienes acuden a los tribunales buscando justicia.
Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad importante. Informar, cuestionar e investigar son funciones esenciales en una democracia. Pero los señalamientos que comprometen la credibilidad de nuestras instituciones requieren rigor y cautela, especialmente cuando no se ha presentado evidencia que los sustente.
Defender al Poder Judicial no significa aceptar sus decisiones sin cuestionamientos. Los jueces pueden equivocarse; sus determinaciones están sujetas a revisión y su conducta a los mecanismos de fiscalización correspondientes. La crítica fundamentada fortalece las instituciones. La inmunidad frente al escrutinio las debilitaría.
No se trata de proteger a la Gobernadora ni a un juez en particular. Se trata de proteger la confianza del pueblo en la justicia. Cuando un ciudadano comienza a creer que las decisiones judiciales se compran, se negocian o se dictan desde La Fortaleza, el daño a esa confianza puede ser profundo, aunque las alegaciones nunca se demuestren.
Lcda. Chantal Delgado Baerga
Abogada y profesora universitaria